El hecho de que bajo gobierno de Boric continúen produciéndose casos de abusos policiales revela, al menos, dos
problemas, como parte de un mismo fenómeno.
Primero, que no existe capacidad de
control político por parte del Ministerio del Interior a la hora de obligar a
que Carabineros de Chile realice su función actual: velar por el orden público
respetando los protocolos básicos en su aplicación del "legítimo uso de la
violencia" monopolizado por el Estado (atributo de las policía en las
democracias burguesas-liberales). Estos protocolos -los cuales ni siquiera
cuentan con una perspectiva de Derechos Humanos- tan sólo exigen que sa aplique
la fuerza cuando sea estrictamente necesario, de una manera proporcional,
gradual y con un objetivo disuasivo. Demás está decir que nada de esto ha sido
respetado por la policía militarizada de Carabineros de Chile durante gran parte
de su historia (intensificándose a partir de la dictadura civico-militar de
Pinochet). No obstante, se vuelve inaceptable que hoy esto perdure, considerando
que nos encontramos bajo un gobierno autodenominado de izquierda e integrado por
muchas personas que salieron a las calles a manifestarse -incluso antes desde el
18 de Octubre de 2019- y las cuales fueron testigos de las violaciones a los
Derechos Humanos perpetradas por Carabinero de Chile.
Segundo -y como reverso de
lo anterior-, se revelaría una posible insubordinación de la institución
policial ante el poder político. Esto sería sumamente grave, pues significaría
que dicha institución estaría ejerciendo un poder que transgrede a sus
atribuciones en cualquier democracia: el principio de no deliberación. Dicho en
simple: si Carabineros (y las FFAA en su conjunto) se mandaran solos o sirviesen
declaradamente a intereses privados de una determinada clase (cosa que de hecho
hacen, pero no declaran), correríamos el riesgo de ver multiplicado los abusos y
violaciones a los DDHH hasta transformarlos en la norma y no en excepciones
(como sucede con los regímenes totalitarios y militarizados).
Por lo pronto, no
hay que descartar que este fenómeno esté siendo impulsado por la derecha más
recalcitrante, buscando exacerbar el caos y tender hacia lógicas cada vez más
represivas, autoritarias y criminales, tal cual se aprecia a nivel internacional
a través de los procesos de neofascistización.
Ante tal escenario, urge realizar
una refundación de Carabineros. Aunque durante la segunda vuelta Boric haya
hablado de "reforma" por sobre "refundación", el horror de los hechos (avalados,
además, en cuatro informes de ONG y organismos internacionales durante la
revuelta) lo están obligando a realizar lo último.
Así, ya no sólo se precisa
de una mera solución focalizada, al modo de una destitución de los altos mandos,
o de la condena de los responsables directos e indirectos de cada delito. Se
debe ir mucho más allá de aquello para reorientar la finalidad social de la
institución, desmontando el adoctrinamiento y clasismo actual, y apuntando hacia
una formación basada en el respeto, compromiso y valoración de los DDHH, así
como de su función ciudadana, motivada ya no sólo en pro del orden público, sino
del bien común rector del ideal democrático. Un camino muy largo y complejo,
pero tan estructural como las transformaciones prometidas por este gobierno y
demandadas por la mayoría de la sociedad.
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